Amade pide al Gobierno de Madrid garantizar la salud de las personas mayores que viven en las residencias haciéndose cargo de los PCRs de los profesionales que trabajan en ellas.

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LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE DEPENDENCIA, AMADE, HA TRASLADADO A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA NECESIDAD DE QUE SALUD PÚBICA SE HAGA CARGO DE LA REALIZACIÓN DE TEST A LOS TRABAJADORES DE RESIDENCIAS PARA GARANTIZAR QUE EL VIRUS NO AFECTE A LAS PERSONAS MAYORES QUE VIVEN EN ELLAS ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID

Madrid, 20 de agosto de 2020
La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, Amade, ha pedido al Gobierno de Madrid que priorice y asuma la realización de PCRs a los profesionales que trabajan en las residencias. “La seguridad de las personas mayores que viven en los centros y de las y los trabajadores de los mismos es una cuestión de Salud Pública y por ello es la la Comunidad la que debe hacerse cargo de los test ante la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo“, declaran desde la asociación que agrupa a residencias privadas, concertadas y sin ánimo de lucro de la región.

La petición se ha realizado en el marco de la reunión semanal que mantienen con una comisión en la que participan representantes de las consejerías de Servicios Sociales y Sanidad con el sector en la que se trata de garantizar la mejor y mayor coordinación para minorar la expansión de la infección en los centros y anticipar los procedimientos a seguir en el caso de que se produzcan brotes. “Se ha demostrado que la mejor medida para evitar la expansión de la pandemia es que el Covid-19 no entre en los centros y todo lo que pedimos está destinado a garantizar la seguridad de las personas usuarias’, lo explica Pilar Ramos, Presidenta de Amade. “Nosotros consideramos que la COVID no puede considerarse riesgo laboral, especialmente cuando la obligación de realización del test nace del disfrute de unas vacaciones. Son profesionales que trabajan con responsabilidad y que necesitan garantías de trabajar con las personas más vulnerables sin ponerlos en riesgo ante el virus”, añade Ramos.

El ministro Salvador Illa, anunció el pasado viernes que será obligatorio hacer PCR a todos las personas que que ingresen en las residencias y también a los empleados que vuelvan de vacaciones, a partir de ahí según Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19 que explica que en caso de rebrotes o segunda oleada corresponde a las autoridades de Salud asegurar la capacidad de los laboratorios ante la posible demanda diagnóstica. “Queremos que las acciones se lleven a cabo de forma preventiva para evitar que se llegue a situaciones
como las que hemos vivido en los pasados meses”, apunta la presidenta de Amade. Una medida que ya han adoptado regiones como Andalucía, Cataluña, Extremadura, Navarra Valencia y Cataluña y
que están estudiando otras como Castilla La Mancha y Aragón.

Por otro lado desde la entidad madrileña explican que “la salud es una responsabilidad del Sistema Sanitario, no de las entidades prestadoras de servicio y el hecho de que el coste de la obligación recaiga en los centros puede perjudicar a los usuarios de aquellos que no puedan afrontar este coste porque la obligación se impone no en beneficio de los trabajadores sino en beneficio de los usuarios residentes los que se verían más afectados si entrase el virus, ya reciban el servicio de forma pública o privada”.

AMADE. La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia es la principal organización de servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad de Madrid que agrupa a residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia. En la actualidad, AMADE representa a 202 centros con un total de 23.500 plazas residenciales y 1.100 en Centros de Día, lo que supone más del 80% de las residencias y Centros de Día privados legalmente establecidos en la Comunidad de Madrid. Fundada en 1990, su objetivo es impulsar el reconocimiento de la labor asistencial y sociosanitaria del sector residencial, convirtiéndose en el principal interlocutor ante los organismos públicos y privados.