El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente ayer 16 de septiembre de 2026 la reforma conjunta de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. A continuación os pubicamos el posicionamiento de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) sobre la reforma:

AMADE valora positivamente la aprobación de una reforma que amplía derechos, refuerza la autonomía personal, reduce incompatibilidades y pretende agilizar el acceso al sistema de dependencia.

Ahora comienza la fase más importante: convertir esos derechos en servicios reales, accesibles y de calidad. Para lograrlo, es imprescindible que la financiación anunciada llegue efectivamente a las personas y a los servicios que las atienden, y que las administraciones actualicen los precios de las plazas concertadas y los contratos públicos conforme a los costes reales de prestación.

La reducción de las listas de espera y la ampliación de los apoyos no serán posibles sin suficientes profesionales. España necesita una estrategia nacional de cuidados que aborde la formación, la cualificación, la incorporación de nuevos perfiles, la homologación de titulaciones y la mejora de las condiciones laborales, siempre que se acompañe de una financiación adecuada.

También consideramos esencial que el desarrollo de la ley respete de forma efectiva la libertad de elección. Permanecer en el domicilio puede ser la mejor opción para muchas personas, pero para otras la atención residencial constituye la respuesta más segura, especializada y adecuada. Las residencias son hogares con apoyos profesionales y forman parte imprescindible de un sistema moderno de cuidados.

Aspectos esenciales de la reforma de la Ley de Dependencia

1. Bienvenida al reconocimiento de nuevos derechos

AMADE valora favorablemente todo avance que mejore la autonomía, la libertad de elección, la rapidez de los procedimientos y la calidad de vida de las personas.

2. Los derechos necesitan servicios reales

La ley no debe quedarse en un catálogo de derechos. Las personas deben encontrar un servicio disponible, cercano, profesional y de calidad cuando lo necesiten.

3. Financiación finalista y tarifas actualizadas

El 50 % estatal es un avance, pero necesitamos garantías de que el incremento llegue a la prestación efectiva de los servicios y no provoque una reducción del esfuerzo autonómico.

4. Estrategia urgente de profesionales

Sin trabajadores suficientes no se reducirán las listas de espera ni podrán ampliarse los servicios. Formación, acreditación, homologación de titulaciones, atracción de profesionales, estabilidad laboral y financiación de las mejoras retributivas deben abordarse conjuntamente.

5. Un sistema integral, sin enfrentar domicilio y residencia

La atención domiciliaria, los centros de día y las residencias son recursos complementarios. La elección debe responder a las necesidades y preferencias de cada persona, no a una visión ideológica que establezca de antemano qué recurso es mejor.